La Defensoría del Pueblo reiteró su posición institucional respecto a que los graves delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles, y el Estado peruano tiene el deber ineludible de investigar y juzgar dichos actos con todas las garantías del debido proceso. "Esta obligación del Estado garantiza el respeto del derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva de las víctimas y familiares de estas graves violaciones a los derechos humanos", señala la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento. Diario 16, Pág. 5