El pleno del Congreso acordó modificar varios artículos del Código Penal vigente para reprimir los actos que afecten el normal funcionamiento de los servicios públicos, como el transporte, saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. Para el efecto, el dispositivo -que fue aprobado por 50 votos a favor, 26 en contra, cero abstenciones y luego exonerado del trámite de la segunda votación- considera como hurto agravado la sustracción de bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte público así como de sus equipos o elementos de seguridad.Igual categoría se da para el caso del hurto de equipos que permiten la prestación de los servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.