"El arbitraje comercial está creciendo en Lima. Las grandes empresas prefieren este mecanismo antes que ir al Poder Judicial. Esa es una tendencia cada vez más marcada", asegura Bruno Marchese, abogado del estudio Rubio Leguía Normand & Asociados. Y las cifras proporcionadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) confirman esta tendencia: durante el primer semestre se han presentado 119 casos que representan cuantías controvertidas por US$102,6 millones. De acuerdo con Paolo del Águila, secretario general del Centro de Arbitraje de la CCL, el sector que más ha destacado por el incremento de casos y cuantías es el minero. Mientras hasta setiembre del año pasado, la minería arbitraba controversias por US$36 millones, al cierre del primer semestre del 2010, la cifra supera los US$71 millones. La explicación se da no solo por el dinamismo de la economía que genera más transacciones comerciales -señala- sino porque los empresarios mineros ven en el arbitraje institucional una salida efectiva y segura para sus controversias, que genere menos riesgos para sus inversiones. Además, añade Mario Castillo Freyre, ahorran tiempo y dinero, porque si bien el proceso arbitral es más costoso que el judicial, el judicial es mucho más largo y eso termina siendo más caro.