La Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) operó de manera informal como organización no gubernamental (ONG) durante más de cuatro años, pues había recibido fondos de entidades extranjeras pero sin haberse registrado previamente ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), según documentos oficiales. Las ONG que no se inscriben en la APCI evitan el control y supervisión de sus proyectos o adquisiciones, realizados con recursos provenientes de la cooperación técnica internacional, es decir de organizaciones o naciones interesadas en financiar programas con fines de desarrollo social. Pero además, al obtener el registro respectivo, las ONG que ejecuten este tipo de proyectos se benefician con la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Aparentemente, la única supuesta "desventaja" de inscribirse en la APCI es la posibilidad de ser objeto de fiscalización o supervisión.