Al Estado peruano le faltan demasiadas cosas para cumplir bien su papel de árbitro de la economía. Carece, por ejemplo, de capacidad de reacción, pues llega con demasiada lentitud a resolver conflictos, pese a que su gran responsabilidad es prevenirlos. Y, cuando de sacar tarjetas se trata, pareciera que las tiene cosidas al bolsillo o que sufre de daltonismo ya que cuando muestra la cartilla amarilla, el infractor se merecía la roja.Es claro que a diferencia de las competencias deportivas, el juego de la economía requiere de un árbitro que no solamente asegure que las reglas sean equitativas, sino que además todos los protagonistas resulten ganadores. Y la sensación es que este segundo requisito no se está aplicando. Por un lado, los empresarios sienten que el Estado no los respalda en sus proyectos y, por el otro, las audiencias relevantes perciben que el apoyo estatal se concentra en las empresas. Esta situación se revela con mayor magnitud en los casos de explotación de recursos naturales y en zonas alejadas de los centros urbanos. El resultado es conocido: conflictos, paros, protestas, toma de carreteras y desorden social cuyo aplacamiento tarda mucho más de lo que podría considerarse prudencial, justamente porque el Estado tampoco muestra eficacia en este tema. La frustración es grande, tanto en la población como en las empresas. ¿Cuál podría ser la principal causa de este problema? Aunque parezca obvio, tenemos que insistir en subrayar que el Estado no son únicamente la Presidencia de la República y los ministerios, que suelen hacer lo que pueden para resolver los conflictos, sino también el Congreso, el Poder Judicial y, por supuesto, los gobiernos municipales y regionales. Estos dos estamentos son los que deberían tener un rol crucial en la prevención y resolución de los conflictos, pero lamentablemente suelen brillar por su ausencia.Es por eso que coincidimos con quienes sostienen que la incapacidad de utilizar los recursos que genera la inversión para beneficiar a la población es uno de los principales causantes de este problema. Mientras estas instancias de gobierno no asuman que también son parte del Estado, tampoco podrán reconocerse como árbitros entre las empresas y la comunidad.
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