La problemática del gas natural de Camisea y sus soluciones parciales, permiten extraer algunas lecciones a considerar en la elaboración de la política energética de largo plazo. La primera lección es que los costos de los errores son pagados, en parte, por los impuestos de todos los ciudadanos, lo que no debería ocurrir. Las autoridades señalan que han llegado al acuerdo de construir una planta de fraccionamiento en Kepashiato (Cusco), lo que permitirá la elaboración de GLP. La prensa informa que la inversión asociada a la construcción de esta infraestructura, será financiada por el Minem y los gobiernos locales, lo que va en contra del rol subsidiario del Estado. Para graficar el costo asociado, se tiene que la planta de fraccionamiento de Pisco tuvo un costo de inversión superior a los US$ 65 millones. La planta de Kepashiato tendría una menor inversión, debido a su menor capacidad de producción. Preguntas complementarias que surgen sobre este tema son ¿esta inversión pasará por el SNIP o será exonerada? ¿Se habrá evaluado si es mejor subsidiar el GLP en la Convención? Las respuestas deben ser proporcionadas por las autoridades correspondientes.Una segunda lección es que algunos de los ciudadanos que afrontan los costos con sus impuestos, viven en zonas que no reciben transferencias por regalías, ahondándose más la desigualdad en la distribución de los beneficios de la explotación de recursos naturales. En el año 2009, por concepto de canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones; el departamento del Cusco recibió más de 700 millones de soles, mientras que Lambayeque recibió apenas 11 millones de soles. Esta desigualdad, a la larga puede generar conflictos sociales, fungir de barrera en el proceso de regionalización e intención de independencia de algunas regiones con alta transferencia de recursos. Una tercera lección es lograr un balance entre demandas sociales y credibilidad en la estabilidad de las reglas de juego en que se desarrolla la industria, principalmente la asociada a los recursos naturales. Por ello, es necesario pensar en un perfeccionamiento del esquema de regalías que reconozca el problema de respetar compromisos. Un gobierno racional reconoce que debido a la presión de las demandas sociales, muchas de las cuales pueden verse como justificables, cambia sus compromisos de respeto a las reglas en que se desarrolla el mercado, obteniendo así paz social, corrección de errores y gobernabilidad. En el extremo, cuando las presiones sociales son excesivas se quiebran los compromisos y, directa o indirectamente, se expropian las rentas. No obstante, este problema de romper compromisos contraídos tiene costos. Uno de ellos es la menor inversión en el largo plazo debido al mayor retorno exigido por los inversionistas para protegerse de este riesgo. Otro de los costos es la pérdida de reputación y con penalidades económicas impuestas por tribunales internacionales o por países extranjeros. Por ello, el contrato óptimo de regalías debería balancear los beneficios y costos asociados, señaló Ricardo de la Cruz, analista Asociado - Macroconsult.
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