Al terminar la fase de confrontación de todo conflicto, la mayoría de los humanos tendemos a estar contentos por el retorno de la aparente armonía. En este caso, yo no.El lunes por la noche, la Señora Defensora del Pueblo declaraba que los acuerdos del Cusco constituían "el triunfo del diálogo sobre la violencia". Permítanme discrepar: Durante trece días, entre el 27 de julio y el 9 de agosto, un grupo de dirigentes peruanos cometió una serie de delitos. Entre los que puedo recordar y tipificar: violación de las condiciones del estado de emergencia, bloqueo de carreteras, ataque, resistencia y desobediencia a la fuerza pública, destrucción de instalaciones públicas y privadas, secuestro de personas, robo, sabotaje al sistema energético nacional, lesiones a personas, utilización de armas sin licencia, entre otros.No hay nadie procesado por los delitos cometidos; el Ministerio Público liberó a los revoltosos que le fueron llevados por la Policía Nacional; el Poder Judicial descansa.Luego de trece días, quienes delinquieron lograron que -una vez más- cinco ministros de Estado, democráticamente elegidos y legítimamente representantes de una nación, vayan a pactar con ellos aquello que unos días antes recusaban. Lo que a fines de julio era calificado como un elefante blanco (una planta de fraccionamiento para un mercado pequeño), ahora es un compromiso que deberemos pagar todos los peruanos, y es el ícono del "triunfo del diálogo sobre la violencia".Mientras tanto, Echarate muestra orgullosa sus piscinas con jacuzzi, "las segundas mejores del Perú, después de las del Club Regatas". Su municipio, con un Palacio Municipal superior en infraestructura a los de San Isidro o Miraflores, publica en su página web proyectos de desarrollo en ejecución de dudosa eficacia, todos cercanos -por debajo- a los S/.6 millones, cifra a partir de la cual se requiere del control del SNIP, y todos con la misma modalidad de ejecución: administración directa. Ciento ochenta millones de soles de canon y sobrecanon gastados sin control, y sin aparente beneficio para la población.Si esos S/.180 millones se repartiesen equitativamente entre los 43 mil pobladores de Echarate, a cada uno le tocarían S/.4,186, o sea que a una familia de cinco personas le corresponderían S/.20,930 al año (crecientes).¿No es eso mejor que hacer piscinas, dudosos programas de fortalecimiento de capacidades, de mejoramiento de la producción, y todo por administración directa? No, Sra. Defensora, no triunfó el diálogo. Esta vez, también, triunfaron la violencia, el delito y la amenaza. Si queremos preservar o recuperar la democracia, ahora debe intervenir la Contraloría, revisando el gasto en esos municipios, y el Congreso modificando la ley del canon, señala José Chlimper.