Cuando el 2000 el Perú inició la lucha contra la corrupción y contra la mafia que manejaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, tenía las leyes para sancionar a los responsables. Asimismo, muchos de los más de 1.500 procesados tenían videos o pruebas que los involucraban en los delitos; es decir, iba a ser muy difícil que escaparan de la acción de la justicia. Sin embargo, casi cinco años después los resultados son poco favorables para el país: el Poder Judicial solo ha sentenciado a 39 y no por los casos más graves, precisamente. Entre tanto, los delitos que mayor perjuicio ocasionaron, como los asesinatos del grupo Colina, los millonarios desfalcos realizados por militares y políticos del fujimorismo, el tráfico de armas y hasta la manipulación de la prensa, entre otros, siguen aún recorriendo el lento camino judicial. Además, en esa lucha es muy poco lo que ha hecho el actual Gobierno por respaldar al Poder Judicial y hasta para extraditar al líder de la mafia, el prófugo ex mandatario Alberto Fujimori. Incluso, el Congreso tampoco ha contribuido y hasta se atrevió --con la complicidad del Ejecutivo-- a aprobar una ley que favoreció a los corruptos.En otras palabras, si hubiera sido un partido de fútbol, lo hubiéramos perdido por goleada.Para protestar por esta situación, el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, y diversas organizaciones de derechos humanos realizaron ayer un plantón en el Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima.