El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, asumió hace dos semanas las funciones en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental a las empresas de la gran y mediana minería, que hasta entonces tenía a su cargo el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Este cambio de responsabilidades representa el otorgamiento de un mayor peso político al mencionado ministerio, que desde su creación hace dos años ha tenido una participación relativamente modesta en el Gobierno. Teniendo en cuenta la enorme participación del sector minero en la economía nacional y el pobre desempeño de Osinergmin en cuestiones ambientales (Doe Run es un caso emblemático de su ineficacia), OEFA tiene ante sí un reto que solamente podrá sacar adelante si recibe el respaldo normativo, económico y financiero del que por ahora carece.En primer lugar, la fiscalización ambiental todavía no posee el poder disuasivo que le permitirá hacer cumplir la ley y aplicar sanciones ejemplares. Por ejemplo, está pendiente la actualización de la multa máxima, que es de 600 unidades impositivas tributarias (UIT) pese a que la Ley General del Ambiente establece un tope de 10,000 UIT.Lo segundo es su capacidad logística. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le ha transferido S/.5 millones, este monto resultará insuficiente dado que OEFA también deberá hacerse cargo de la fiscalización ambiental en electricidad, petróleo y gas; de modo que la única solución inteligente será asignarle un presupuesto considerable para el próximo año, comportamiento que tendrá que mantenerse en el futuro. La fortaleza presupuestal le permitirá al organismo contratar personal calificado y evitar llenarse de funcionarios "que solo cuidan su quincena". Mientras OEFA se prepara para asumir su prueba de fuego: el caso Doe Run y las indefiniciones que le inundan -incluyendo una solicitud de insolvencia en Indecopi-, el Gobierno sigue perdiendo su rol como árbitro de la economía y aunque se libró de nuevas protestas en La Oroya, su incapacidad para actuar oportunamente ya enfrenta otra consecuencia peligrosa en Cusco y sus provincias.
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