En 1922 la compañía norteamericana Cerro de Pasco Corporation inició la explotación de cobre en La Oroya. Esta compañía fue nacionalizada por Juan Velasco Alvarado en 1979 y convertida en Centromin Peru. En 1997 Doe Run Peru (DRP), una subsidiaria al Grupo Renco, tomó la mina Cobriza y el complejo metalúrgico de la Oroya (CMLO) por 250 millones de dólares al privatizarse este complejo bajo el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), para implementar mejoras ambientales bajo el Código del Medio Ambiente de 1990. La contaminación por plomo, cobre, zinc y productos sulfurosos dejada por la actividad de más de 50 años de la Cerro de Pasco Corporation se hace notoria en el mundo por los estudios del Instituto Blacksmith, donde se detallan 35 mil personas afectadas y donde el 97% de los niños en la ciudad poseen niveles tóxicos de plomo. DRP decidió en 1977 invertir más de 100 millones de dólares en el PAMA revisado en 1999, 2001 y el 2002 para ser completado, con requerimientos agregados sucesivos, para enero del 2007.Bajo presión social en mayo del 2006 el gobierno trasladó la fecha del término a octubre del 2009 proyectándose una inversión de 240 millones de dólares. Al inicio del 2009 un sindicato de bancos canceló los créditos a corto plazo a DRP y esta, bajo riesgo de cerrar la planta, sorprendió a todos al obtener un crédito de 170 millones de dólares de los proveedores nacionales del concentrado que se usa en la fundición (a los que DRP les debía 100 millones). En setiembre del 2009 DRP pidió otra prórroga al gobierno para cumplir con el PAMA para marzo del 2010. Ahora, requiriéndose 480 millones de dólares -que DRP fue incapaz de financiar dado que el gobierno exigió como colateral todos sus activos y un fideicomiso del 100% de sus ingresos- que le imposibilitó obtener más créditos y así poder cumplir con las fechas términos de los contratos, exponiéndose aun más a la carga disciplinaria.El paro del CMLO, en junio del 2009, hizo declinar 2% el Producto Bruto Interno del país. A la fecha este paro que ha de resolverse antes del 24 de julio del presente ya ha producido una conmoción social al interrumpirse, en varias ocasiones, el tránsito de la Carretera Central por los trabajadores que exigen al gobierno una extensión del contrato a favor de DRP. Esta compañía en paro ha continuado pagando el 70% del salario a sus trabajadores y apoyado al gobierno regional en múltiples proyectos, por lo que los trabajadores ven buena fe en DRP y por eso enfrentan al gobierno central, a la iglesia (arzobispo Pedro Barreto) y a las ONG ambientalistas que piden a los trabajadores que no protejan los intereses de DRP y a esta compañía cumplir con sus obligaciones contractuales. Los 3,000 trabajadores, aliándose con el gobierno regional y con los proveedores mineros nacionales, interesados en salir de este atolladero, están deseosos de continuar sus labores para poder limpiar al medio ambiente. DRC debió calcular mejor los costos involucrados en las operaciones de limpieza bajo las regulaciones ambientales de su planta de ácido sulfúrico y producción de cobre y Renco, su matriz, debió apoyar más decididamente a DRP para que sus operaciones fuesen exitosas. Hoy, los niños de la Oroya siguen creciendo con plomo en sus huesos, el que por el resto de sus días les producirá muchos males como hipertensión, gota, insuficiencia renal, y un bajo desarrollo intelectual. EL Estado peruano debe permitir la reanudación de las operaciones de DRP bajo los auspicios de una iglesia conciliadora y dentro de un programa de estimulo dirigido a lograr los objetivos del PAMA, que al final resulta lo más importante de una operación minera moderna, el lograr un sistema limpio de productividad de cobre aunque se tenga que sacrificar algo del erario nacional, señala Jaime Durand Palacios.
- [Expreso,Pág. 6] /