Entre el 2004 y 2009 las universidades públicas del Perú recibieron US$ 310 millones por concepto de canon para la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, solo ejecutaron 17% de dicha suma. Además, casi el íntegro del gasto fue destinado a la construcción de infraestructura o al equipamiento, y prácticamente nada al desarrollo de investigaciones. Así lo revela un estudio reciente del IEP hecho por Marcos Garfias (descargar en www.cies.org.pe ). ¿Por qué no se invirtió en investigación? ¿Qué hacer con los 800 millones de soles que quedan como saldo no ejecutado? La Ley 28077 del 2003 dispuso que las universidades públicas regionales reciban el 5% del canon. El trabajo de Garfias relata cómo la Universidad Nacional de Cajamarca fue pionera en convocar a un concurso de investigación en el año 2004 para usar dichos recursos. Se pensaba promover una treintena de proyectos con un gasto cercano al millón y medio de soles en rubros tales como equipos, traslados, viáticos y -la madre de todas las discordias- remuneraciones. La universidad asumió estos pagos con cargo a regularizar vía canon, pero pronto el MEF señaló que la norma no autorizaba el uso del canon para el pago de remuneraciones, y a mediados del 2005 logró del Congreso una ley que lo prohibía explícitamente. El MEF quería evitar un aumento indiscriminado de sueldos. Conocía la experiencia del Fondo de Desarrollo Universitario, donde el incentivo para la investigación terminó por convertirse en un complemento salarial. El temor del MEF fue quizá real, pero -por otro lado-, ¿qué sentido tiene comprar equipos de laboratorio si no se puede contratar a científicos que los operen?Varias leyes posteriores flexibilizaron las normas, aunque de manera no muy clara. Por ejemplo, la ley de presupuesto del 2007 permitió usar el canon para "investigaciones que potencien el desarrollo económico y productivo de las regiones". Sin embargo, más allá del aspecto normativo, el problema radica en la propia universidad pública donde la politización, la fragilidad institucional y la débil capacidad de investigación suelen ser más la regla que la excepción. ¿Qué hacer? Primero, reorientar los recursos para fortalecer capacidades en la universidad pública; y segundo, establecer fondos concursables para proyectos de investigación seleccionados con base en su calidad académica y relevancia práctica. ¡Apostemos por el siglo XXI! ¡Promovamos la sinergia Estado - universidad - empresa para la innovación en ciencia y tecnología!, señala Javier Portocarrero Maisch, Economista CIES.
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