Junto con los US$16.000 millones que exportaron las mineras en el 2009 y los más de US$35.000 millones que invertirán en los próximos años aumentan los conflictos sociales derivados de esa actividad. Así lo hace notar el sexto informe del Observatorio de Conflictos Mineros, que fue presentado ayer por las ONG Cooperacción, Grufides y Fedepaz. Según el responsable de ese estudio, José de Echave, la mitad de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo es de origen socioambiental y de ellos el 80% es causado por la actividad minera y de hidrocarburos. En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hans Flury, negó que las empresas hubieran denunciado a sus comunidades para enfrentar los conflictos. Puso énfasis en que se analice cada conflicto, pues muchos de ellos no estaban relacionados con la actividad minera sino con otros problemas, como el tema del agua. Asimismo, manifestó su preocupación de que las ONG no informaran sobre la gestión de las autoridades ni sobre la minería informal. También refirió que los conflictos aumentarían por las elecciones municipales y generales, pero luego volvería la calma al país.