El 21 de abril del 2010 el presidente de la República, Alan García, remitió al Congreso un proyecto de ley para que los funcionarios que realizan acciones de control en los diversos organismos del Estado pasen a depender presupuestalmente de la contraloría como una manera de asegurar mayor independencia respecto de las instituciones que les toca fiscalizar.En esa iniciativa (3982), el Ejecutivo planteaba que quedaran excluidos los "regímenes laborales especiales públicos como el de las Fuerzas Armadas y policiales, la carrera diplomática, personal médico y de otros trabajadores de salud, carrera magisterial pública, entre otros".Sin embargo, ayer, al promulgar la ley aprobada por el Congreso -empezará a hacerse efectiva en enero del 2011- García cuestionó que el sector Defensa, el Congreso, el BCR, entre otros organismos autónomos, hayan quedado excluidos y anunció que enviará un proyecto de ley complementario para subsanar lo que "se ha malentendido por algunos juristas o parlamentarios".