Los dos accidentes registrados en las últimas semanas -el derrame de petróleo en el río Marañón y el deslizamiento del relave de la minera Caudalosa en Huancavelica- permiten analizar la capacidad de respuesta del sector privado y del Estado ante una emergencia ambiental.El daño producido en Huanca-velica puso en evidencia la debilidad en el sistema de fiscalización. Ya el 2008 Osinergmin había inspeccionado las tres mineras que se encuentran en esta región -Julcani (Buenaventura), San Genaro y Caudalosa, todas de empresarios peruanos - y concluyó que ninguna cumplía con la totalidad de exigencias ambientales. Incluso, un estudio que elaboró Apoyo para esta institución, determinó que los efluentes de las tres compañías excedían los límites máximos permisibles en acidez y metales arrojados al río. Sin embargo, "si revisamos las resoluciones de Osinergmin, las sanciones no se encuentran", precisa Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.(Edición domingo).