Razones políticas fueron lo que motivó al Gobierno para dictar el decreto supremo la semana pasada, que dispone que la exportación de gas debe estar sujeta a una regalía mínima equivalente a la regalía promedio que se aplica para el gas consumido en elmercado interno, señala el último reporte semanal de Macroconsult.Asimismo considera que las empresas deben sopesar cuidadosamente la consecuencia política de la norma."El rechazo, e incluso la no adecuación rápida de las empresas involucradas a lo dispuesto por el último decreto, podría tener importantes consecuencias políticas y electorales, ya que le daría a Ollanta Humala y a los candidatos de la izquierda un importante tema de campaña (en las próximas elecciones regionales), que tratarían de convertir en unode los puntos principales de debate electoral", refiere el reporte de Macroconsult.
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