El ministro de Defensa, Rafael Rey, espera que su sector termine, en un plazo de 30 días útiles, la adecuación de la legislación sobre justicia militar-policial y sobre el uso de la fuerza, para ajustarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, luego de que el Congreso le diera 60 días para hacerlo. "Esa es la meta que le he puesto al equipo de abogados y conocedores que está trabajando el tema", afirmó el titular de la cartera de Defensa.El Ejecutivo también pidió facultades para legislar en lo referente a normas procesales y penitenciarias relacionadas con los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que son procesados o fueron sentenciados.