El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales en el país señala que el 50,4% de los 250 casos registrados hasta el mes de junio está relacionado a problemas derivados de la explotación de recursos naturales. Entre estos conflictos se incluye la oposición de la población de Puno a la construcción de la hidroeléctrica de Inambari porque, según aducen, afectaría el ecosistema de la región. Según el reporte defensorial, en este caso no existe el diálogo entre las partes enfrentadas. Los asuntos de gobierno local, que competen a las municipalidades, representan el 14,4% (36 casos) del total de conflictos existentes en el país.