Indignación y sorpresa fueron algunas de las reacciones que manifestaron algunos parlamentarios de la República al enterarse que el Estado peruano finalmente pagó US$ 30 mil de indemnización a la terrorista del MRTA, Lori Berenson, por orden la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todos ellos señalaron su rotunda oposición al pago realizado a la convicta y confesa emerretista pero, además, dijeron que hay una responsabilidad efectiva que le compete esclarecer y asumir al ex presidente Toledo, pues fue él quien ordenó el pago y quien se allanó en la teoría y en la práctica a los dictados de la Corte IDH que siempre ha estado animada por un criterio sesgado a favor de los derechos de los terroristas pero en contra de los de los militares que defendieron al país de su alevoso ataque.
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