Finalmente, el Gobierno anunció que licitará la construcción del poliducto para transportar el gas licuado de petróleo (GLP) a Lima. Más vale tarde que nunca: esa era la salida más lógica, reclamada hace mucho tiempo por usuarios y expertos, pero que solo se ha dado ante la fuerte presión social y política generada por la aguda escasez de los últimos días.Sin embargo, se trata de una salida estructural que tomará tiempo, además de una evaluación crítica del mercado actual en que participan empresas extractoras, transportadoras y transformadoras de combustibles, así como de los precios y de los contratos. Las premisas básicas son que, por un lado, debe asegurarse el aprovisionamiento del mercado interno y, por el otro lado, no puede permitirse que algunas empresas pretendan imponer tarifas arbitrariamente, incluso para el cabotaje, lo que configuraría situaciones de dominio de mercado o cuasi monopolio, ilegales desde todo punto de vista.Mientras se abordan estos temas y se construye el ducto, hay que actuar ahora para resolver la enervante escasez que mantiene en vilo a miles de transportistas que dependen de dicho combustible para trabajar. Desde el viernes pasado la mayoría de grifos agotó sus reservas de GLP, pero hasta ayer los planes de emergencia no funcionaban adecuadamente, lo que ha puesto en evidencia graves problemas de infraestructura portuaria y también de almacenamiento.Sobre lo primero, debe asegurarse que el transporte mediante barcos desde Pisco no esté tan supeditado al clima, el oleaje o los vientos, lo que torna urgente construir diques rompeolas.Luego, el Estado debe modificar el marco legal para obligar a las empresas a incrementar su capacidad de almacenamiento, como hacen otros países como Estados Unidos, donde las reservas energéticas, que tienen carácter estratégico, son realmente cuantiosas para cubrir una emergencia. Una cosa es la libertad de mercado y otra muy distinta que el Estado se abstenga de cautelar el interés nacional y garantizar el aprovisionamiento permanente de combustible.Es una incongruencia y una falta de respeto a los transportistas, objeto de fuertes campañas publicitarias para convertir sus vehículos de gasolina a gas, que no se haya previsto ni la construcción del ducto ni medidas de real emergencia. Unos 150 mil vehículos en el Perú tienen el sistema dual de combustible (gasolina y GLP), y la mayoría son automóviles que circulan en Lima. ¿Y qué pasará con la demanda del gas para uso doméstico, que se usa en las cocinas de centenares de miles de hogares?Por supuesto que deben sancionarse las maniobras de especulación de algunos griferos, pero esa es una tarea fiscalizadora y reguladora, que corresponde al Osinergmin e Indecopi. No obstante, es un hecho que las alzas de precios no se darían si se asegurase la provisión de gas.Resulta intolerable que un país productor de gas, que además destina un porcentaje significativo a la exportación, no pueda satisfacer la demanda interna de su industria y sus consumidores. El Estado debe dar absoluta prioridad a implementar la infraestructura necesaria para garantizar el aprovisionamiento de GLP, no solo con un ducto especial entre Pisco y Lurín, sino con centros de almacenaje adecuados para evitar que se repitan situaciones tan vergonzosas y criticables como las que sufrimos estos días.