El Estado enfrenta una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por contaminación en La Oroya.La comisión ya admitió el proceso, la cual podría derivar el caso ante la Corte Interamericana que emitiría una sentencia vinculante.Las 65 personas que han llevado el proceso contra el Estado no están pidiendo una indemnización monetaria para ellas, remarca Carmen Rosa Sandoval, abogada del equipo de organizaciones queapoya a los habitantes de La Oroya con su reclamo.De perder el caso, sin embargo, el Estado deberá invertir el dinero necesario para cumplir con sus obligaciones de remediación ambiental que tiene a cargo (el PAMA de Centromin) y dotar de un programa de salud para los habitantes de la zona. Además de hacer cumplir a Doe Run con la legislación vigente.
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