La demanda de Aidesep para impedir las inversiones de hidrocarburos en los lotes 37 y 69 de la amazonía introducía un elemento de inseguridad jurídica en materia de inversiones en un sector tan importante para el país, afirmó el titular del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías. Explicó que el expediente que resolvió el TC, desestimando este pedido, se encuadra en una sentencia resuelta anteriormente en la cual establece que el derecho a consulta de los pueblos nativos no constituye un veto a las inversiones y las decisiones que pueda tomar el Estado."La demanda tenía como finalidad impedir la exploración e inversión en los lotes 37 y 69 aduciendo que no habían sido consultados los pueblos y solicitaban declarar nulos los contratos que el Estado ya había firmado, de manera que eso introducía un elemento de inseguridad jurídica en materia de las inversiones privadas en el sector energético", sostuvo.