El sacerdote Gastón Garatea; el representante de la Red Uniendo Manos-Mesa Técnica de La Oroya, Conrado Olivera; y pobladores de La Oroya entregaron ayer al ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, un memorial solicitando que el Ejecutivo cumpla con su rol fiscalizador y exija el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, toda vez que está en riesgo la salud de la población de La Oroya y de la cuenca del río Mantaro.El documento pide que el Ejecutivo y el Congreso actúen con la mayor transparencia posible en todas las acciones referidas al Complejo Metalúrgico de La Oroya y que, en defensa de los intereses de los peruanos, no permitan que la empresa Doe Run continúe trasgrediendo el marco legal y constitucional.Además, rechazaron cualquier intento del Estado de asumir las cargas económicas, sociales y ambientales de la empresa, o que se den normas para favorecerla, pues ello significaría que todos los peruanos asumamos los costos de una mala gestión.