En otro frente. No conformes con alarmar a la ciudadanía con una marcha a favor de Abimael Guzmán en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los rezagos políticos de la subversión preparan una incomprensible batalla legal.Ahora pretenden demandar al Estado ante el Tribunal Constitucional (TC) debido a la emisión de un grupo de leyes que, según ellos, atentan contra los sentenciados por terrorismo.El abogado Alfredo Crespo, representante del prosenderista Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, informó que estas leyes "criminalizan la protesta popular, exigen el pago íntegro de la reparación civil para otorgar la libertad condicional y vuelven a introducir la pena de cadena perpetua".