La imagen de Doe Run Perú se ha deteriorado de tal manera que cualquier declaración de sus ejecutivos o publicación de comunicados no hace más que generar incredulidad o, peor aún, indignación. Hasta ahora, la empresa había implementado una estrategia exitosa que consistía en ejercer presión para conseguir lo que buscaba: evitar gastos en la mejora de su perfil ambiental. El Gobierno cedió y el Congreso aplicó su conocida generosidad.Pero todo parece indicar que esta vez no ocurrirá lo mismo: tanto el presidente Alan García como el primer ministro, Javier Velásquez, han asegurado que el 24 de julio el Estado hará respetar sus derechos. Esperamos que así sea pues de lo contrario la pérdida de credibilidad del Gobierno será enorme y como ahora Doe Run Perú ha cambiado su estrategia y está jugando a ser la empresa responsable, el Mandatario haría bien reafirmar que cumplido el plazo, se hará lo que se tenga que hacer.De acuerdo con el sitio en Internet de Doe Run Company, el Perú fue su primera aventura fuera de Estados Unidos (y más que duplicó el tamaño de sus operaciones). Es posible que también se trate de su primer fracaso en el extranjero, provocado por sus propias prácticas de irrespeto a sus obligaciones contractuales. La interrogante que ahora emerge es qué hacer si, como todo lo indica, la empresa incumple la ley.Nacionalizar la fundición en La Oroya sería un terrible error ya que sentaría un precedente muy peligroso. La solución no es crear nuevas empresas estatales sino promover la iniciativa privada, y en ese campo, existen oportunidades. Por ejemplo, un buen número de trabajadores de la minera -que tiene sus operaciones semiparalizadas- ha hallado alternativas de empleo. La implementación de planes de reconversión laboral se presenta entonces como una alternativa que merece atención.Mientras tanto, la normatividad ambiental en minería sigue permitiendo la aparición de réplicas a pequeña escala del caso Doe Run. Las mineras prefieren pagar sus multas o impugnarlas en lugar de subsanar sus malas prácticas por las que son sancionadas. Si elevar las multas parece ser una solución sensata, nos preguntamos por qué no se procede en ese sentido. Es tiempo de ponerse más estrictos.
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