El pasado 19 de mayo, el Congreso aprobó la Ley de Consulta a las comunidades indígenas. Ante la exigencia de los pueblos amazónicos y andinos para que el Ejecutivo la promulgue, este precisó que la norma se encuentra en evaluación.El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, declaró que el Gobierno inició un proceso de recojo de opiniones sobre el contenido de la ley. Aunque comentó que el objetivo de la administración aprista "es garantizar los derechos que tienen más de 400 mil indígenas", recalcó que también "se debe cautelar el derecho que tenemos los casi 30 millones de peruanos, de más inversiones", indicó.Mientras tanto, el Tribunal Constitucional (TC) dio alcances sobre el derecho de consulta, como parte de los fundamentos a su sentencia que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo DL 1089 (ver sumilla). Así como reconoce "el derecho a consulta" a los nativos, subraya que estos no "pueden ejercer un veto" a las medidas que se pongan a su consideración para la apertura a las inversiones. "La obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas, respecto de las medidas legislativas o administrativas que les podría afectar directamente, no les otorga la capacidad de impedir que tales medidas se lleven a cabo", remarca el TC.Sobre la imposibilidad de un veto, el ministro del Ambiente, José Antonio Brack, subrayó que este no procede porque el objetivo es conversar para recoger las inquietudes de la población.
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