Doe Run debe al Estado 760 millones de soles en impuestos y, según el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, pretende pagarlos en 700 años. Doe Run no es un ejemplo de empresa y, al parecer, su propietario, Ira Re-nnert, pretende la intervención estatal para no pagar deudas que sobrepasan los US$1.100 millones y, de paso, cobrar el seguro que protege a las transnacionales de la injerencia estatal. En el 2008, Doe Run decidió aplicar la política del perro muerto: una empresa que facturaba US$1.400 millones al año, que recibía US$300 millones en utilidades y que era la única metalúrgica que refinaba diez metales en el país. Nadie sabe con exactitud cuántas veces su presidente, Juan Carlos Huyhua, se comprometió a pagar deudas, cumplir obligaciones ambientales y hasta reanudar operaciones. Incluso, cuentan que se comprometió a pagar en marzo del 2009 ante el entonces ministro de Economía, Luis Carranza, y un grupo de mineros. No pagó.Para la ex directora de Minería María Chappuis y el consultor Jorge Manco Zaconetti, detrás del perro muerto se esconde el plan de su dueño, Ira Rennert, para librarse de sus obligaciones y de pagar las indemnizaciones hasta por US$500 millones en juicios por daños a la salud de la población y los trabajadores de La Oroya.