Evidenciando su doble discurso en materia de lucha anticorrupción, el Congreso aprobó ayer una ley que dispone que las plazas y los presupuestos de los órganos de control que funcionan en las distintas entidades públicas se incorporen a la Contraloría General. Sin embargo, al mismo tiempo, se autoexcluyó de los alcances de esta norma, al amparo de su "atribución constitucional" para nombrar y remover a sus funcionarios y empleados. Con excepción del Partido Nacionalista, que dejó constancia de sus reparos votando esta cláusula por separado, el resto de grupos políticos la respaldó en bloque.