Por principio apoyamos toda iniciativa de integración, en el entendido de que lleva a resultados que superan la simple suma y terminan beneficiando a todos. Sin embargo, ello tiene que hacerse respetando un marco legal y unas reglas de juego claras, equitativas y legitimadas. La acotación resulta pertinente ante el crucial acuerdo de integración suscrito por los presidentes de Brasil y del Perú, Luiz Inácio Lula da Silva y Alan García. En síntesis, se contempla la construcción de plantas hidroeléctricas en nuestro país con capacidad de 6.000 megavatios y cuyos excedentes serán exportados a la potencia sudamericana. Sin embargo, es innegable que el acuerdo ha sorprendido a un gran sector de la ciudadanía y debe ser explicado al país en todos sus detalles, alcances y repercusiones. Ante todo, resulta prioritario conocer los estudios técnicos que se han hecho sobre la capacidad hídrica y gasífera del país, así como los lugares exactos donde se construirán las hidroeléctricas, la naturaleza de las inversiones, así como el modo en que se calcula la porción de energía que se destinará al mercado interno y también a la exportación. Se señala que este convenio no incluye la hidroeléctrica de Inambari, que tiene sus propias características y es igualmente evaluada por ambos países. Otro aspecto especialmente delicado, mencionado por ambos presidentes, es de la absoluta necesidad de implementar estudios medioambientales antes de ejecutar los proyectos mencionados. Si bien el objetivo es lograr energías limpias y no contaminantes, lo que es destacable, precisamente por ello los procesos conducentes a su generación deben tener especial cuidado de no afectar las amplias reservas naturales y los hábitat que albergan especies únicas de la selva peruana.