En un enérgico pronunciamiento, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, afirmó ayer en declaraciones a EXPRESO que los jueces tienen la potestad legal para oponerse a las liberaciones de presos por terrorismo, sustentada en el principio de discrecionalidad otorgada por su condición de tales.En su despacho, el titular del ramo salió así al paso ante la especie de "ping-pong" entre algunos representantes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y del Poder Judicial, respecto a cuál de estos estamentos le corresponde la responsabilidad de acoger o no a la postre los beneficios penitenciarios por reos condenados por terrorismo."El juez no es un tramitador aquí, porque tiene la facultad de resolver esos casos. El magistrado no está sólo para colocar un sello (de su despacho) a lo que envió (expedientes) el Inpe. El juez tiene -incluso- trato personal con el solicitante de esos beneficios (oportunidad donde la autoridad judicial puede evaluar personal y directamente a los requerientes)", señaló el ministro de Justicia.
- [Expreso,Pág. 8] /