La decisión de la empresa Doe Run, de poner cada vez más condiciones para dilatar la reanudación de sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, escondería una intención: obligar al Estado Peruano a intervenir la empresa o a comprarla, para evitar mayores conflictos sociales.Esa sería la mejor salida para la empresa y su principal accionista, Ira Rennert, que de esa manera se librarían de todas sus deudas y responsabilidades -que superarían los US$1.100 millones- y, además, podría cobrar los seguros que protegen a las transnacionales de la intervención estatal. Así lo concluyeron los consultores en temas mineros Jorge Manco Zaconetti, de la Universidad Nacional de San Marcos; Miguel Santillana, del Instituto Perú de la Universidad de San Martín de Porres, y María Chappuis, ex directora general de Minería.; así como el empresario minero Augusto Baertl y el congresista por Junín Hildebrando Tapia.