Después de seis años de mecidas, de promesas incumplidas, de evasión de obligaciones, de utilizar los temores de una población que no siente que tiene alternativas, de propiciar frecuentes cierres de carreteras. Luego de este largo periodo, y de todos los problemas que están generando, creemos que la paciencia de la mayoría de peruanos con Doe Run se ha agotado.Incluso la modalidad, o chantaje, que la empresa viene utilizando para intentar forzar al Gobierno a aceptar sus imposiciones establecería un nefasto precedente de darle resultado. Mañana, otras empresas que incumplan sus obligaciones tributarias o ambientales también dirigirán a sus trabajadores, ante el miedo de perder el empleo, a tomar medidas de fuerza para lograr ventajas y concesiones. Parece que la cultura de la llanta quemada no se encuentra únicamente entre cocaleros o mineros informales. También se puede encontrar en algunos directorios o grupos empresariales.Por otro lado, el continuo conflicto de Doe Run, tanto con sus acreedores y clientes, así como con el Gobierno, está creando un ambiente negativo para la inversión minera. En el exterior están aumentando el número de casos judiciales presentados por damnificados. Mientras que, internamente, la poca seriedad e intransigencia de los directivos de Doe Run es explotada a su favor por el lobby antiminero, donde hay grupos extremistas que quisieran paralizar todo nuevo proyecto. Nuestro país puede captar potenciales inversiones por 25 mil millones de dólares, solo en minería, en los próximos cinco años. Ese es el verdadero activo que se debe proteger y que estará en creciente riesgo en tanto se siga prolongando, innecesariamente, la agonía de Doe Run y no la corten por lo sano.En realidad, el Gobierno no debe volver a ceder terreno. Si la empresa no cumple con sus obligaciones entonces, simplemente, que cierre. En ese momento, el Estado deberá tener planes de contingencia para ayudar a los trabajadores a encontrar un trabajo alterno.Asimismo, ya no tendría sentido el seguir postergando la ejecución de la enorme deuda tributaria que tiene y, junto con el resto de acreedores, salir a buscar una compañía que esté dispuesta a asumir la operación. Creemos que si el contribuyente, al final, va a tener que condonar tributos o aportar recursos para que el complejo de La Oroya se mantenga en funcionamiento, entonces lo mínimo que debemos exigir es que el operador sea sólido y serio, señaló el director de Perú 21, Fritz Du Bois.