Lo que está sucediendo en La Oroya es inconcebible. El Gobierno Peruano tiene que dejar de lado las contemplaciones y poner freno a los abusos de una empresa que desconoce las condiciones beneficiosas que le han permitido seguir operando hasta ahora en el país, y que no se cansa de subestimar a las autoridades sectoriales, a los pobladores de la capital metalúrgica donde funciona la refinería e, incluso, la capacidad pensante de los peruanos.De cara a la opinión pública, Doe Run debe releer de manera crítica y consciente los múltiples avisos que ha publicado en los medios de prensa y que ponen en evidencia las excusas que permanentemente, y de acuerdo con la coyuntura, ha esgrimido para eludir sus compromisos contractuales.Ahora, por ejemplo, llama la atención que a escasas semanas de la fecha señalada por la Ley 29410 para que reanude sus operaciones, anuncié por periódico que "hay avances importantes en cuanto a la elaboración de los contratos de garantías para la culminación del último proyecto PAMA, pero subsisten algunas inconsistencias que deben ser superadas en base al diálogo con los representantes del Ministerio de Energía y Minas". Es más, también da a conocer que "respecto a las gestiones referentes a la viabilidad comercial y financiera del negocio, aún no se han resuelto los temas sobre remediación de suelos (contrato de transferencia de acciones del año 1997 y PAMA 4) aplicación de estándares ambientales, contingencias tributarias y multas impuestas por Osinergmin, las cuales están pendientes de solución para garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones. Estos temas requieren una solución simultánea que permita la reanudación de nuestras operaciones dentro del plazo que otorga la Ley 29410".¿No se supone que todos estos asuntos se tenían que haber discutido y resuelto antes, para que la empresa, como reafirmó en mayo último, cumpla con su objetivo de "reiniciar sus operaciones en La Oroya antes del 27 de julio del 2010, cumplir los plazos establecidos en la Ley 29410 y establecer un compromiso de largo de plazo por el desarrollo del país" (Comunicado del 25/5/10)? Ante estas incoherencias, tenemos derecho a dudar cuando Doe Run no solo pide nuevas reglas de juego medioambientales y tributarias -desde todo punto de vista inadmisibles-, sino cuando asegura que según su política empresarial "no avala medidas de fuerza", como las que están protagonizando ahora los trabajadores de la refinería, en solidaridad con ella.Esto no puede continuar. En concordancia con lo que establece la ley, debe convocarse a la junta de acreedores de la empresa para el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Como se ha informado, Doe Run adeuda al Tribunal Fiscal, a la Sunat y a otros proveedores.En segundo lugar, si esta junta no es viable, correspondería al Estado buscar otros mecanismos de solución, acorde a su papel supletorio dentro de una economía social de mercado. Finalmente, si estas posibilidades tampoco prosperan, la refinería tendría que ser cerrada, como ha señalado el presidente García, pero para proceder a una nueva concesión o privatización que permita que otra empresa se haga cargo de La Oroya.Debe quedar en claro que la participación del Estado se justifica en tanto estamos ante recursos públicos cuya administración, hasta el momento, ha sido cuestionable, porque pone en riesgo la seguridad de la población y el medio ambiente; además de atentar contra normas contractuales puntuales.Los costos sociales son múltiples. En principio, según se ha informado, un 30% de los trabajadores cuenta con otro ingreso laboral, un 40% está en edad de jubilarse y 30% tendría que ser reubicado. Sin embargo, de lo que se trata es de garantizar el bienestar de esos peruanos que hoy, lamentablemente, apoyan a la fundición porque carecen de otras oportunidades.