Si bien en un hecho inusitado la bancada nacionalista y el oficialismo lograron ponerse de acuerdo en el Congreso y aprobaron el pasado 18 de mayo en el Pleno la ley que regula el Derecho a Consulta Previa a los pueblos indígenas que obligaría al Estado a llegar a un acuerdo respecto a medidas legales y administrativas que los afecten, al parecer las sonrisas del oficialismo no tienen consenso en el Poder Ejecutivo para darle pase libre. Y es que según fuentes a que tuvo acceso EXPRESO, la luz verde a la Ley de Consulta Previa tiene divididos a los integrantes del Gabinete de Ministros, ya que algunos, principalmente el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vienen abogando por una profunda observación ya que el meollo de la iniciativa legislativa tergiversa el objetivo para el que fue creada y es otorgar a los pueblos originarios el derecho a vetar cualquier proyecto de inversión que se desee instalar alrededor de sus comunidades, cuando en la práctica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el marco bajo el cual fue creado, no amerita tal función.
- [Expreso,Pág. 1 supl. Econ.] /