Bastante alejada del propósito de incentivar el clima de negocios en el país, la Municipalidad de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra un dispositivo de la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. Se trata del artículo tercero que otorga competencia a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi para que identifique y, en algunos casos, inaplique procesos ilegales que estén sustentados en normas municipales.El despacho de Luis Castañeda argumenta que las ordenanzas tienen rango de ley y no pueden ser anuladas por decisiones administrativas del Indecopi. Además, asegura que la acción de inaplicar una norma es exclusiva de los órganos jurisdiccionales.