El pleno del Congreso otorgó al Ejecutivo facultades para legislar, por 60 días, en materia de justicia militar-policial y sobre el uso de la fuerza, para su adecuación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. También en lo referente a normas procesales y penitenciarias relacionadas con los miembros de las FF.AA. y policiales que están siendo procesados y sentenciados. A favor de la delegación votaron 45 congresistas; en contra, 40. Además, hubo dos abstenciones. Los humalistas, que votaron en contra, dijeron que el Congreso no podía renunciar a sus facultades de legislar.