Es una buena noticia que diversos gobiernos locales del sur del país respalden la construcción de la nueva Carretera Interoceánica, proyecto de ingeniería vial que comunicará los puertos peruanos con los vecinos Brasil y Bolivia. Como se sabe, esta obra ha merecido elogios y críticas. De un lado, no se puede negar su contribución a las relaciones bilaterales peruano-brasileñas, la revaloración de las vías de comunicación transoceánicas y de nuestra política internacional fronteriza con uno de los países de mayor potencial de desarrollo de la región. De otro lado, se ha criticado la celeridad con que se cumplió el proceso de concesión de la carretera (se le exoneró de los trámites que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública), el alto costo de la construcción de la vía (se sostiene que en lugar de US$892 millones, solo se requería US$300 millones) y la falta de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, no se puede desconocer que la Interoceánica se ha convertido en una prioridad estratégica para ambos países. Es una inversión costosa, que requiere un tratamiento especial y que incluye la construcción de más de 300 puentes, la estabilización de taludes, entre otras obras. Es más, la construcción debería apuntar al asfaltado de la carretera y no solo a su afirmado, y cumplir como se ha previsto con la utilización de capas dobles de asfalto, que puedan darle sostenibilidad en el tiempo. Sería funesto que se repitiera lo sucedido con otras carreteras importantes del país, como la Marginal de la Selva, que no han podido soportar los embates del clima y del transporte de carga. Lo que sí nos parece indispensable es que el Gobierno vigile la realización de un estudio de impacto estratégico que, según el sector Transportes, es responsabilidad de la empresa concesionaria. Una vez concluidos, los resultados de esos estudios deben darse a conocer al país para su fiscalización. Ello es tan indispensable como asegurar la supervisión y control del Estado sobre este importante proyecto binacional.