Los miles de millones de soles que no pudieron ser invertidos en el 2009 debido a la prudencia que adoptaron las empresas por causa de la crisis internacional, están finalmente siendo destinados a los proyectos para los cuales fueron programados así como a otros nuevos. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada cayó 15.1% en el 2009, explicada por la tendencia negativa de los últimos tres trimestres. La reducción acumulada fue de S/. 12,442 millones con respecto al 2008. Afortunadamente, la tendencia ha comenzado a revertirse y en el primer trimestre de este año, ese indicador clave para las expectativas económicas del país creció 11.3% respecto del mismo periodo del año pasado. Teniendo en cuenta el efecto estadístico y el hecho de que en épocas "normales" los trimestres siguientes registran mayores niveles de inversión, se deberían esperar números bastante auspiciosos en lo que queda del año.Estas perspectivas son otra muestra de la capacidad de recuperación del sector productivo nacional y de la confianza que existe en los fundamentos macroeconómicos que exhibe el país. Es innegable que el Perú sigue siendo atractivo para la inversión privada, pero también es preciso apuntar que se podría estar mejor.Es sabido por todos que la falta de un perfil competitivo y de un entorno favorable para hacer negocios continúan jugando en contra de los emprendedores, lo que explica en gran parte que las actividades procesadoras de productos con valor agregado, principalmente para la exportación, todavía representen un porcentaje bajo en el total de las inversiones. El Estado no está tomando en cuenta que no solo los megaproyectos necesitan ser promovidos, sino también aquellos con menor trascendencia mediática, pues son fundamentales en la creación de empleos.Pero ni los grandes proyectos se salvan de los obstáculos, que en ciertos casos son impuestos por intereses ajenos al crecimiento. Las airadas protestas populares en contra de inversiones mineras y energéticas son más producto de la desinformación que de la reivindicación de derechos. El Estado tiene la responsabilidad de respaldar al sector privado para alcanzar la licencia social que tales proyectos requieren para materializarse.
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