Perú ha logrado que las empresas mineras comprometan US$ 35 mil millones en la construcción de nuevos proyectos durante la próxima década, pero son cada vez más los inversores que se topan con una imprevisible oposición local y la amenaza de violencia. Para evitar dichas protestas, Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para temas de medio ambiente, señaló a Reuters que el Gobierno avanza en una mayor regulación, pero aún debe aprobar dos reformas clave para evitar protestas. Consideró que la primera reforma debe contemplar que el Ministerio del Ambiente, a cargo de Antonio Brack, sea el que apruebe a los inversores los permisos de impacto ambiental en lugar de la cartera de Energía y Minas.Y la segunda, que se promulgue una ley para que los grupos indígenas sean consultados sobre el uso de recursos en sus tierras. "Estamos preocupados porque se siguen dando decretos legislativos", expresó. Por su parte, Antonio Bernales, mediador en conflictos sociales, indicó que algunas empresas pasan por alto temas clave como: ¿El proyecto se encuentra en un valle agrícola o en una localidad cercana a minas existentes? ¿Los vecinos de la mina son agricultores preocupados por el uso del agua o indígenas que se puedan sentir maltratados?
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