¿Representa esta norma una amenaza para las inversiones extractivas como la minería, hidrocarburos y forestal que impactan en forma directa en las comunidades? Según el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, esta no apunta a afectar a las empresas, pues la consulta a las comunidades indígenas o campesinas, según su interpretación, es para medidas legislativas que lesionan sus derechos. "Hay una normatividad para las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales y el dictamen aprobado por el Congreso no altera lo ya establecido", señala.Sin embargo, no todos creen esto. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, indica que la norma sí alcanza a las empresas extractivas, puesto que el dictamen aprobado por el Congreso indica que se someterán a consulta también las medidas administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de las comunidades.Señala que una concesión minera o petrolera otorgada por el Estado es una acción administrativa, en ese sentido debe ser sometida a consulta. Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refiere que la norma aún tiene muchas aristas por aclarar. Hoy el Consejo Consultivo (formado por los ex presidentes de la SNMPE) se reunirá para analizar la norma y pronunciarse al respecto.