Por considerar que se había excedido en sus atribuciones, y porque vulneraba las funciones que reconocían la Constitución y la ley al Ministerio de Energía y Minas, dicho sector presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza del Cusco, que prohíbe dar permisos mineros en la región. Mientras el Tribunal Constitucional resuelve este caso, que podría durar dos años, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) de ese ministerio decidió acatar la norma. Por ese motivo, rechazó 32 pedidos de concesión para el Cusco. En su demanda del 10 de mayo, el procurador del ministerio, Walter Castillo, aseguró que el consejo regional del Cusco había violado los artículos 66 y 67 de la Constitución, por cuanto el Estado es soberano al decidir sobre los recursos naturales.