Saúl Puerta Peña, secretario general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), consideró que la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios delega demasiadas atribuciones al Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), en cuanto a la decisión que tendrá para la realización del proceso de consulta y también en la aprobación de los intérpretes de los pueblos nativos.Puerta Peña cuestionó el carácter burocrático de la norma. "Si el Estado se niega a realizar la consulta hay que apelar a Indepa, y si este tampoco lo acepta debemos ir al Poder Judicial", dijo antes de rechazar que Indepa controle una base de datos de organizaciones indígenas, señalado en el artículo 20. "No queremos más filtros estatales, solo provocan enredos y manipulación politica", señaló.