Una reacción en cadena se vivió ayer en radio y televisión, cuando figuras prominentes del poder, las visibles y las de bajo perfil, salieron a expresar su repulsa por la excarcelación de los empresarios Álex y Moisés Wolfenson, dueños de los diarios "La Razón" y "El Chino". La mayoría decimos, pues quien posee --junto con el Congreso-- la mayor responsabilidad no dice esta boca es mía.Nos referimos al presidente Alejandro Toledo, quien debe haber padecido insomnio pensando en el "gracias" burlón de los Wolfenson por no observar (objetar) la autógrafa de ley que equiparaba los días de arresto domiciliario con los de pena efectiva.Y es que si bien ayer Toledo promulgó en "El Peruano" la Ley 28577 que el jueves apuró el Congreso para derogar la llamada norma pro corruptos (Ley 28568), sus efectos removerán el piso político y judicial del país durante muchos días más. Consciente de ello, el Ejecutivo ha buscado proteger la figura del mandatario a través de distintas voces, como las de los ministros Eduardo Salhuana (Justicia) y Juan Sheput (Trabajo), la primera dama Eliane Karp y el consejero presidencial Juan de la Puente.Por lo pronto, Salhuana adelantó en CPN Radio que el Gobierno no se quedará de brazos cruzados y apelará a todas las vías legales para volver a encarcelar a los dos Wolfenson. En la misma radioemisora, Sheput planteó investigar a quienes desde el Congreso impulsaron el tema, pues advierte que hay una coordinación armónica en favor de la corrupción."El país vive la semana de la vergüenza dentro de la transición democrática", añadió.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. A 10] /