Este será el último año en que rija el aporte voluntario de las empresas mineras al Estado, luego de que en el 2006 el gobierno acordara con éstas aplicarlo por cinco años. Ahora el gobierno deberá negociar con las empresas del sector renovar este sistema o reemplazarlo por otro que genere una mayor recaudación para el Estado.Por ello para los especialistas del sector debe volver a entrar a debate público la posibilidad de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, sobre todo teniendo en cuenta el buen momento por el que atraviesa el precio internacional de los metales.Más aún con un precio del oro que ha llegado a su nivel récord de US$ 1,220 la onza y que ha motivado a países como Australia y Chile a plantear una mejor redistribución de sus ganancias.Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lamentó que en el gobierno aprista no haya habido la voluntad política para discutir estos planteamientos, más aún en un contexto en el que las ganancias extraordinarias de las mineras ameritarían impuestos extraordinarios.