La semana ha estado marcada por una acalorada polémica sobre el uso de nuestras reservas gasíferas: por un lado, quienes defienden la necesidad de garantizar el aprovisionamiento para el consumo interno, especialmente para la boyante industria, motor del crecimiento económico; y, por el otro lado, aquellos que promueven el respeto a la seguridad jurídica, en este caso los contratos con el Consorcio Camisea. Tales posturas, ya lo hemos dicho, deben ser conciliadas a través del diálogo y la negociación bilateral, a lo que el consorcio no puede cerrar las puertas, en vista del cambio en las condiciones del país. No caben maniqueísmos ni posiciones extremistas cuando está de por medio el interés nacional. Recordemos que el contrato fue objeto de varias modificaciones a pedido de la empresa, que se convirtieron luego en adendas, y que fue aprobado por muchos grupos parlamentarios que hoy quieren convertir el tema en un caballito de batalla electorero, ante la cercanía de los comicios regionales, municipales y luego nacionales. Eso es lo que debemos evitar, tratándose de un tema eminentemente técnico, que afecta a millones de peruanos. En tal contexto, es positivo que el jefe del Gabinete se haya reunido con los presidentes regionales sureños y que, tras arduas negociaciones, se haya asegurado la provisión de reservas para iniciar la construcción del gasoducto del sur en enero próximo. Pero, todo esto tiene que ser explicado exhaustivamente y tener un seguimiento puntual, tanto por el considerable monto de la inversión cuanto para evitar conflictos y potenciar las posibilidades de cambio de matriz energética y desarrollo económico y social. Por ejemplo, es realmente paradójico que muchos niños sigan muriendo de frío en el sur, estando tan cerca de los yacimientos gasíferos que podrían generar fuentes de calefacción.