La ministra de Trabajo, Manuela García propusó modificar el Código Penal para incluir penas de hasta 10 años de cárcel a los malos empleadores que privan a sus trabajadores de medidas de seguridad que causan lesionados o pérdida de vidas. García también informó que evalúa actualmente la posibilidad de brindarle protección social y una pensión de jubilación a los trabajadores independientes del país.