La denuncia de la fiscal Marlene Berrú Marreros no sólo señala que los funcionarios involucrados en la irregular reducción de obligaciones en el convenio de cesión de posición contractual del gas de Camisea perjudicaron al Estado por un monto aproximado de un millón doscientos nueve mil ochocientos dólares, sino que tanto el ex presidente Alejandro Toledo como su ex ministro de Jaime Quijandría perjudicaron al usuario al obligarlo a pagar por un servicio que no recibía.En los fundamentos de hecho, señala que la Procuraduría Ad Hoc denuncia como resultado de las indagaciones llevadas a cabo por la comisión investigadora del Congreso, presuntos actos de corrupción, presentados durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique.