La Defensoría del Pueblo detectó seis conflictos sociales que requieren atención urgente del Gobierno. Son las protestas contra el proyecto Inambari y Seda-Juliaca, en Puno; contra Minsur, en Tacna; contra la instalación de una planta petroquímica, en Ica; por la huelga del sector Salud, en Ayacucho, y el conflicto entre Arequipa y Cusco por Majes Siguas II.