Algo tenemos que aprender del pasado reciente. Con tino y firmeza el Gobierno ha logrado bajar la tensión en Islay en torno a las operaciones de la minera Tía María, con lo cual se ha levantado el absurdo bloqueo vial y se han puesto las bases de una mesa de diálogo.Eso es lo que debió hacerse desde un inicio, lo cual no exime de responsabilidad a los promotores de la protesta que han causado enorme daño a los miles de inocentes pasajeros y transportistas, afectados en su elemental derecho al libre tránsito. Dicho esto, la actitud del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, ha sido la correcta, al negarse a negociar bajo la amenazante espada de Damocles de una masa exacerbada bloqueando la carretera. Igualmente, debe destacarse la participación de autoridades regionales y municipales de Arequipa, así como de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, que redoblaron esfuerzos para evitar un despeje violento de la vía, ante la intransigencia de algunos dirigentes.Empieza ahora una nueva etapa, en la que debe mantenerse el clima de tolerancia para escuchar la posición de las partes en conflicto y llegar a acuerdos realistas. La suspensión de operaciones empresariales por 90 días, para proceder a elaborar un estudio de impacto ambiental, debe abrir un período de reflexión y negociación abierta y franca, sin subterfugios, extremismos, manipulación politiquera ni conclusiones a priori.Como lo hemos sostenido reiteradamente, la mesa de diálogo debe servir precisamente para acercar posiciones encontradas y prevenir el estallido de nuevos conflictos. Del lado de las comunidades campesinas, es entendible su preocupación por evitar la contaminación y asegurar la calidad de las fuentes de agua, ante lo cual ya se ha adelantado que se construirá una represa en Partiture y que la empresa buscará otras fuentes de aprovisionamiento de agua, y no el acuífero de la zona.Del otro lado, sin embargo, los dirigentes de las comunidades tienen que entender la necesidad de aprovechar los recursos minerales de la zona para crear riqueza y promover el empleo, pero bajo reglas de juego estrictas que garanticen el equilibrio ambiental y los derechos de los lugareños, cuya opinión debe ser encauzada a través de audiencias. Así como hay minas que han actuado de modo nefasto, contaminando ríos e incrementando los pasivos ambientales, lo cual debe ser sancionado, también hay otras empresas mineras responsables que aplican políticas laborales ejemplares y destinan altos presupuestos para el tratamiento de aguas residuales. Corresponde al Gobierno, en todo caso, legislar, regular y controlar que dichos compromisos se cumplan ordenadamente dentro del Estado de derecho.En suma, debe trabajarse más en la prevención y prestar más oídos a las urgencias y preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo los que moran en zonas alejadas. Esperamos una solución realista en el sur. Por lo mismo, en la mesa de diálogo que se está instalando será importante la participación de la Defensoría del Pueblo, cuyos reportes periódicos sobre situación de conflictos tienen que estar de modo prioritario en la agenda semanal del Consejo de Ministros.