En lugar de ser aclaradas, como planteamos en esta columna hace solo dos semanas (Gestión 06.04.2010), las incongruencias del Gobierno en torno a la modernización de los puertos se han profundizado. La entrega en concesión de la infraestructura portuaria, que contemplaba el reglamento de la Ley de Puertos, ha sido reemplazada por la asociación en participación público-privada (APP), generando incertidumbre no solo por el cambio en sí, sino porque se decretó de manera desordenada y para algunos hasta irregular.Un primer decreto supremo, publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el pasado martes, otorgaba la potestad de seleccionar al socio portuario a la estatal Enapu, pero tres días después otro decreto anuló el anterior y le dio esa responsabilidad al MTC. Esta "fe de erratas" demuestra que el Gobierno sigue sin tener claro qué hacer con los puertos y que, seguramente, más de un miembro del Ejecutivo habría sido sorprendido con los alcances de la primera norma.Otro asunto que preocupa es que el cambio se decidió sin que se hayan realizado consultas a organismos como la Autoridad Nacional Portuaria (ANP), la que en teoría tiene a su cargo los lineamientos del desarrollo del transporte marítimo nacional. ProInversión tampoco habría sido consultada. Y los autores del decreto no han sido capaces de explicar de forma técnica el porqué una APP es mejor que una concesión. Lo que sí es claro es que, nuevamente, los intereses particulares se han impuesto a los del país.Si Enapu genera utilidades, como señala su presidente, Mario Arbulú, no significa que se trate de una empresa que brinde servicios competitivos o que sea eficiente, ni tampoco que esté preparada para asociarse con los grandes operadores portuarios que están interesados en invertir en el puerto del Callao. De hecho, lo único que provocará una decisión tan incongruente es elevar el riesgo de invertir en los puertos del país.Es preciso que el Gobierno evalúe esta decisión y escuche opiniones expertas, pero si insiste en no dar marcha atrás, su responsabilidad es asegurarse que las APP que el MTC negociará para el Callao y para el resto de puertos del país sean beneficiosas para los usuarios. No es posible que se siga yendo a la deriva.
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