La inesperada decisión de Southern Perú de solicitar el viernes por la noche al Ministerio de Energía y Minas la cancelación de la audiencia pública para su proyecto Tía María -de un lado- y la activación de nuevos mecanismos de participación ciudadana -del otro- ponen la pelota de este proyecto en la cancha del Gobierno. Ahora, el Ejecutivo deberá aprobar -aunque no resulte popular en Arequipa- los nuevos mecanismos que empleará la minera para difundir las bondades de su proyecto, como la publicación de folletos, encartes o su difusión por medios de comunicación. Por lo pronto, el sábado el Ministerio de Energía ya aprobó la cancelación de la audiencia.Sin embargo, esta es también una oportunidad para que el Gobierno haga frente a una corriente de opinión contra la minería formal, que es la que menos contamina y la que paga impuestos. Este ánimo in crescendo lo han notado algunos inversionistas, como el presidente de la minera japonesa Sumitomo Mining, Yukio Kawaguchi, que expresó su preocupación en una reciente reunión de empresarios peruanos y japoneses.Además, podría servir -como lo opinan los ex presidentes de la Sociedad Nacional de Minería, Augusto Baertl y Ricardo Briceño- para que el Estado pueda poner orden y dejar de lado la imagen de anarquía que se ha percibido desde hace seis días en Islay, Arequipa, cuando los pobladores bloquearon la carretera para evitar que se realizara esa audiencia. Además, para ellos lo que el Gobierno haga o deje de hacer en este caso favorecería o perjudicaría las futuras inversiones.Desde otra perspectiva, el Gobierno también deberá evaluar si es tiempo de que continúe ese proyecto o se espera algunos meses, considerando la gran oposición que ha despertado en Arequipa y el país.